Su Majestad el Rey ha inaugurado el XXIV Congreso Nacional de la Empresa Familiar que, organizado por el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) con la colaboración de la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar Navarra (Adefan) y el patrocinio de Banco Santander y KPMG, reúne en Pamplona a cerca de 500 empresarios familiares de toda España, bajo el lema “Trabajamos por una sociedad mejor”.
En el acto de apertura del Congreso han participado también la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el presidente del IEF, Marc Puig, quien en su intervención ha reivindicado la labor realizada por las empresas familiares durante la pandemia, ha puesto de manifiesto el compromiso de estas compañías por encabezar la transformación social y económica que debe abordar nuestro país y ha mostrado el orgullo por el trabajo, la perseverancia y el liderazgo que caracteriza el día a día de los empresarios familiares españoles.
Puig ha recordado que el lema del Congreso, “Trabajamos por una sociedad mejor”, resume en sí mismo la naturaleza de las empresas familiares, que se caracterizan “por compartir una serie de valores esenciales: visión a largo plazo, voluntad de continuidad a través de las generaciones, compromiso con la sociedad y arraigo local”.
El presidente del IEF ha explicado cómo trabajan las empresas familiares por una sociedad mejor: liderando el esfuerzo de transformación que exige la lucha contra el cambio climático, trabajando desde las propias compañías por la igualdad, la no discriminación y la cohesión social, y creando empleo de calidad. “Nosotros sabemos bien la importancia que el empleo tiene para que la prosperidad llegue a todos. Vamos a esforzarnos en seguir creando empleos de calidad y pedimos que nos permitan hacerlo, que no nos pongan condiciones peores que las de nuestros países vecinos con los que competimos”, ha dicho.
El presidente del IEF, Marc Puig, ha abogado por una alianza con los poderes públicos que permita a las empresas crecer y consolidarse, al tiempo que ha pedido que no se pongan trabas a dicho crecimiento y que las empresas españolas sigan contando con las mismas condiciones que las del resto de países europeos. Así lo ha manifestado en su discurso de clausura del XXIV Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que ha reunido en Pamplona durante dos días a cerca de 500 empresarios familiares de toda España.
Retos sociales y medioambientales
Para Puig, los retos de la economía española son los mismos que los de las empresas familiares: superar la pandemia y adaptarse a las exigencias de un nuevo entorno marcado por la digitalización, el respeto al medio ambiente y el compromiso social. Para abordar esos retos, las empresas necesitan, según él, “mayor productividad y poder competir en igualdad de condiciones con empresas de otros países”. Y en este punto, el crecimiento es fundamental. Está demostrado -ha dicho-, que a tamaño similar en comparación con otros países europeos, “nuestras empresas son perfectamente competitivas. Facilitemos entonces que nuestras empresas puedan crecer”.
Firma por el compromiso con la sostenibilidad
Como preámbulo al comienzo del Congreso, los presidentes del Instituto de la Empresa Familiar y de las 18 Asociaciones Territoriales de Empresa Familiar vinculadas firmaron una declaración institucional en la que se da fe del compromiso de las empresas familiares españolas con las mejores prácticas de gestión que favorezcan una sostenibilidad que se ha de entender desde tres ángulos diferentes e inseparables: empresarial, social y medioambiental.
En el plano empresarial, el compromiso asumido por las empresas familiares a través de esta declaración institucional consiste en gestionar mediante prácticas empresariales y de inversión a largo plazo basadas en criterios éticos, que permitan un crecimiento sostenible y que tomen en consideración los intereses de trabajadores, clientes, proveedores, accionistas, instituciones, administraciones y la sociedad en su conjunto.
El compromiso social, por su parte, incluye el fomento de la diversidad, la promoción de la igualdad entre los géneros, la inclusión social y la generación de empleo estable y de calidad adecuado a las necesidades de las empresas. Por último, las empresas familiares se comprometen a gestionarse de forma respetuosa con el medioambiente, adoptando las modificaciones que sean necesarias en sus procesos para reducir las emisiones de CO2.
La revolución del impacto
La última jornada del Congreso ha contado con la intervención de Paul Polman, ex CEO de Unilever y cofundador de Imagine, que ha explicado a la audiencia que “todos tenemos una responsabilidad sobre la huella que dejamos en este mundo”.
¿En qué mundo queremos vivir? Esta es la pregunta a la que nos enfrentamos hoy en día.
El capitalismo nos ha servido bien en los últimos 200 años. Sin embargo, las naciones continúan asoladas par la desigualdad económica, los conflictos sociales, las catástrofes naturales, la amenaza del cambio climático y las consecuencias de una pandemia sin precedentes cuyas consecuencias económicas y de salud son todavía impredecibles.
Los gobiernos no pueden ni tienen los recursos financieros para hacer frente a los grandes retos sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos y al impacto negativo que genera la producción de bienes y servicios por parte de las empresas. Tampoco pueden filántropos y ONGs, útiles sin duda, ofrecer una solución viable y escalable. Son las empresas y el capital privado, los motores de la innovación, el cambio y la transformación que cuentan con la capacidad para dirigir su actividad y economica y los flujos de capital hacia el cambio social que generara mayor prosperidad económica y un crecimiento sostenible.
Así, surge la inversión de impacto que tiene una clara y medible intención de generar un impacto social y/o medioambiental a la vez que una rentabilidad económica.
Bajo la ecuación riesgo-retorno-impacto la inversión de impacto se persigue una triple rentabilidad: económica social y medioambiental. No se trata de filantropía ni de donaciones a fondo perdido, sino de inversiones que buscan un retorno de capital a la vez que contribuyen a la búsqueda de soluciones a los grandes retos de la humanidad como el hambre, el analfabetismo, los problemas de salud, la falta de acceso a agua potable y electricidad, la desigualdad de género, desempleo, la falta de vivienda, la migración y la destrucción del medio ambiente entre otros. Como ha explicado María Herrero, socia de Transcendent, es darle sentido a nuestras inversiones. Porque “¿qué hace nuestro dinero mientras dormimos?”, ha preguntado a la audiencia.
Para Sir Ronald Cohen, presidente del Global Steering Group for Impact Investment, “este momento requiere una revolución. Debemos convertir el impacto en el foco de nuestra conciencia. En lugar de depender de los gobiernos y la filantropía para lograr una mejora social, debemos introducir una tercera fuerza para acelerar el ritmo del cambio: el sector privado… ésta es la nueva economía de impacto, todos y cada uno de nosotros tenemos un papel que desempeñar en ella”.
https://www.youtube.com/watch?v=0UqlpcUR6dU&t=17s
La revolución del Impacto, con sir Ronald Cohen, presidente del GSG
De todo ello han hablado Ainoha Grandes (presidenta de la Fundación SHIP2B), Teresa Guardans (cofundadora de Oryx Impact), María Herrero (socia de Transcendent) y Alejandra Mitjans (directora de Ashoka España).
La vinculación de las personas con sus empresas
En el transcurso de la sesión Gerardo Iracheta, presidente de Sigma Dos, ha presentado una encuesta en la que se analiza la imagen social de la empresa familiar. El estudio recoge una serie de conclusiones dignas de destacar. Por ejemplo, que existe una fuerte vinculación de las personas con sus empresas: el 83% de los ciudadanos asegura que su empresa tiene mucha importancia en su vida; y más del 65% considera que en su empresa puede desarrollar su talento y crecer como persona.
El 62% de los encuestados consideran que la labor de las empresas está siendo útil para paliar la crisis provocada por la pandemia y el 90% afirma que las empresas deben jugar un papel relevante en la reconstrucción de la economía. En este sentido, el 82% afirma específicamente que su empresa tomó las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de sus empleados.
La inmensa mayoría de los encuestados afirma que no tuvo problemas durante el confinamiento con los suministros dependientes de las empresas privadas (como energía, internet, alimentación, etc.) ni con el cobro de sus nóminas. Por el contrario, la mayoría -entre el 58% y el 75% según los casos- manifiesta haber tenido problemas para realizar gestiones con servicios públicos diversos (centro de salud, ERTES, Sepes, gestiones varias). El 63,7% ha tenido problemas para cobrar prestaciones.
En la valoración del desempeño durante la pandemia, la Administración saca un aprobado raspado (5,16 puntos sobre 10, suspendiendo en varios segmentos de edad y de intención de voto); las grandes empresas obtienen un bien (6,30, aprobando en todos los segmentos de edad y de voto), mientras que las pymes obtienen un notable (7,39 y aprueban en todos los segmentos).